
Un estudio de Naciones Unidas publicado en el año 2010 reveló datos escalofriantes: el 90% de las personas con discapacidad intelectual sufre abusos sexuales alguna vez en su vida; los menores con discapacidad son más propensos a ser víctimas de violencia que los que no la tienen; el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia y su riesgo de sufrir abusos sexuales y violencia sexual a manos de personas de su entorno más cercano como familiares, cuidadores y personal sanitario, es cuatro veces mayor que el de la población general
Acabar con esta sangrante realidad es el objetivo que se han marcado distintos organismos, colectivos y asociaciones. Y para ello, la formación en materia afectivo-sexual y la Prevención son esenciales, tanto para conocer sus derechos como para prevenir los casos de abusos sexuales.
Éste es el motivo por el cual la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), con el liderazgo de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), llevaron a cabo durante 2013 y 2014 un programa de formación que forma parte del programa europeo Keep me Safe (Mantenme a salvo) sobre prevención del abuso sexual a jóvenes con discapacidad.
Sus resultados se presentaron en diciembre con la presencia de las tres representantes de la organización a nivel nacional e internacional.
Según Irene Donadio, responsable de Incidencia política de la IPPF en la Región Europea, los objetivos principales de este programa son empoderar a los jóvenes para que puedan protegerse del abuso y aumentar la capacidad de familiares y profesionales de las asociaciones, servicios e instituciones para que puedan hacer frente a estos problemas.
Justa Moreno, coordinadora de Keep me safe en España y experta en la FPFE denuncia que todavía no se reconoce a este colectivo los derechos a su sexualidad, a su educación sexual, a su privacidad. Se silencian tanto en el ámbito privado como en el público agravando el problema. Hay falta de datos y visibilidad sobre estos abusos por parte de las administraciones públicas a pesar de que sí se denuncian casos en los centros y asociaciones, por ello «es muy importante que las administraciones se impliquen porque se necesita financiación, apoyo y recursos».
Según indicó Irene Donadio, la Federación de Planificación Familiar y Estatal (FPFE) y sus homólogos de otros 12 países europeos pedirán a los gobiernos y autoridades comunitarias que se desarrollen estudios específicos para conocer las dimensiones del problema de los abusos sexuales contra el colectivo de las personas con discapacidad.
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1 comentario
El tipo de personas que comenten estos abusos no tienen perdón.